Derechos del Interesado

El RGPD establece un conjunto integral de derechos para los interesados en el Capítulo III (Artículos 12-23). Estos derechos facultan a las personas para mantener el control sobre sus datos personales y constituyen un pilar del marco europeo de protección de datos. Los responsables deben facilitar el ejercicio de estos derechos y responder a las solicitudes sin dilación indebida y, en cualquier caso, en el plazo de un mes.

Los derechos fundamentales del interesado incluyen: el derecho de acceso (Artículo 15), a obtener confirmación de si se están tratando datos personales y acceso a dichos datos; el derecho de rectificación (Artículo 16), a que se corrijan los datos inexactos; el derecho de supresión o "derecho al olvido" (Artículo 17), a que se eliminen los datos personales en circunstancias determinadas; el derecho a la limitación del tratamiento (Artículo 18), a restringir la forma en que se utilizan los datos; el derecho a la portabilidad de los datos (Artículo 20), a recibir los datos personales en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica; y el derecho de oposición (Artículo 21), a oponerse al tratamiento basado en intereses legítimos o con fines de mercadotecnia directa.

Además, el Artículo 22 establece derechos relacionados con las decisiones individuales automatizadas y la elaboración de perfiles, incluyendo el derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en un tratamiento automatizado que produzcan efectos jurídicos o le afecten significativamente de modo similar. Este derecho es particularmente relevante en el contexto de los sistemas de IA, donde pueden tomarse decisiones automatizadas sobre las personas basadas en evaluaciones algorítmicas.

Los responsables deben proporcionar información sobre los derechos del interesado en sus políticas de privacidad y establecer procesos internos eficientes para gestionar las solicitudes. El derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control (Artículo 77) y el derecho a una tutela judicial efectiva (Artículos 78-79) sirven como mecanismos de aplicación. El incumplimiento de los derechos del interesado puede dar lugar a multas administrativas de hasta 20 millones de euros o el 4 % del volumen de negocios anual mundial.