Proveedor de Servicios de Criptoactivos

El Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA, Reglamento 2023/1114) define al proveedor de servicios de criptoactivos (CASP) como toda persona jurídica u otra empresa cuya ocupación o actividad consiste en la prestación de uno o más servicios de criptoactivos a clientes de forma profesional. MiCA identifica diez categorías de servicios de criptoactivos: custodia y administración de criptoactivos por cuenta de clientes, operación de una plataforma de negociación de criptoactivos, intercambio de criptoactivos por fondos, intercambio de criptoactivos por otros criptoactivos, ejecución de órdenes de criptoactivos por cuenta de clientes, colocación de criptoactivos, recepción y transmisión de órdenes por cuenta de clientes, asesoramiento sobre criptoactivos, gestión de carteras de criptoactivos y prestación de servicios de transferencia de criptoactivos por cuenta de clientes.

Los CASP deben obtener la autorización de la autoridad competente de su Estado miembro de origen antes de prestar servicios. El proceso de autorización requiere que los CASP demuestren que cumplen requisitos organizativos, incluyendo mecanismos de gobernanza adecuados, mecanismos de control interno apropiados, procedimientos eficaces de evaluación de riesgos, políticas de continuidad de negocio y fondos propios suficientes. Los CASP también deben cumplir normas de conducta que incluyen actuar de manera honesta, justa y profesional en el mejor interés de los clientes.

Los CASP autorizados se benefician de un mecanismo de pasaporte que les permite prestar servicios en toda la UE basándose en la autorización de su Estado de origen, ya sea mediante la libre prestación de servicios o mediante el establecimiento de una sucursal. Este régimen de pasaporte es una de las innovaciones clave de MiCA, que sustituye al mosaico de regímenes de licencias nacionales que existía anteriormente.

Los CASP están sujetos a obligaciones continuas que incluyen requisitos prudenciales, requisitos de salvaguarda de los criptoactivos y fondos de los clientes, procedimientos de gestión de reclamaciones, gestión de conflictos de interés y políticas de externalización. Las autoridades competentes disponen de amplias facultades de supervisión sobre los CASP, incluyendo la capacidad de revocar la autorización, y pueden imponer sanciones administrativas por incumplimiento.